January 18, 2022
Washington D.C. y Bogotá D.C., 17 de enero de 2021
A pesar de que han pasado casi dos años desde el inicio de la pandemia por Covid-19, Colombia sigue sin un lineamiento claro y vinculante que establezca qué es un triaje ético, cuándo se puede activar en el contexto del acceso a servicios de salud escasos como las UCI, los medios que deben ser agotados antes y los criterios que pueden considerarse conforme a los derechos protegidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que Colombia.
Las recomendaciones emitidas hace casi dos años por el Ministerio de Salud y Protección Social no satisfacen estos componentes mínimos para enfrentar decisiones trágicas sobre la salud y vida de las personas. Estas recomendaciones, además de ser sustantivamente insuficientes, no son vinculantes, permiten un amplísimo margen de discrecionalidad, habilita la consideración de criterios que abren la puerta a su aplicación discriminatoria y fueron adoptadas sin cumplir con salvaguardas procedimentales mínimas para este tipo de decisiones como la transparencia, motivación suficiente y participación. Este vacío ha generado una total falta de transparencia en todo el país sobre la priorización de UCI, la vigencia de al menos dos protocolos discriminatorios en Antioquia y Santander que le asignan mayor valor a unas vidas sobre otras y la consolidación del altísimo riesgo de discriminación en estos ejercicios de priorización.
En este escenario, urge un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la tutela presentada en junio de 2021, por un grupo de 26 personas pertenecientes a grupos de personas mayores de 60 años, con discapacidad y/o enfermedades crónicas. En la tutela, se solicita ordenar al Ministerio de Salud la expedición de lineamientos claros y constitucionalmente aceptables para la realización de ejercicios de priorización o triajes éticos, así como exhortar a las entidades territoriales e instituciones prestadoras de salud a abstenerse de usar criterios discriminatorios o con efectos discriminatorios. Actualmente, la tutela se encuentra en la Corte Constitucional, a la espera de ser seleccionada para revisión. Aquí el escrito de solicitud de revisión y el alcance de insistencia que radicamos el pasado viernes solicitándole a los nueve magistrados de la Corte Constitucional dicha selección.
Esta urgencia de un pronunciamiento se ve exacerbada por el nuevo pico de Covid-19 causado por la variante “Ómicron”, que ha generado un aumento de la ocupación hospitalaria y de Unidades de Cuidados Intensivos – UCI. Según datos oficiales del Ministerio de Salud con corte al 12 de enero de 2022, la ocupación nacional de UCI se estima en 58% y la general de hospitalización en 67%. El panorama es aún más preocupante a nivel departamental, donde se registran altas tasas de ocupación de UCI: 88% en Antioquia, 79% en Tolima, 71% en Cauca, 70% en Caldas, 68 % en Meta, 68% en Putumayo y 67 % en Bogotá.
En picos previos de la pandemia, ya se ha anunciado la aplicación de “triajes éticos” en varias partes del país, como documentamos en la acción de tutela. Particularmente, en Antioquia y Santander existen protocolos que contienen directa o indirectamente criterios protegidos por las normas constitucionales e internacionales contra la discriminación, como la edad, la discapacidad y la preexistencia de condiciones de salud diferentes a la Covid-19. Así, la ausencia de lineamientos para priorizar el acceso a recursos de atención en salud y de soporte vital, permite que cada departamento, municipio, clínica y hospital decida cómo y cuándo implementar ejercicios de triaje ético, y facilita que se incorporen criterios discriminatorios en su aplicación, como ya ocurrió en al menos dos departamentos. Lamentablemente la falta de transparencia con la que se ha manejado el tema nos ha impedido conocer otros protocolos similares.
Urge, por lo tanto, que la Corte Constitucional estudie el caso y adopte medidas que garanticen que la priorización en el acceso recursos en salud y soporte vital se realice de forma ética y respetuosa de los derechos humanos y fundamentales de todas las personas en Colombia.
Para mayor información:
Silvia Serrano Guzmán
Directora Asociada
Iniciativa Familias Saludables
Instituto O’Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global
Universidad de Georgetown
sjs357@georgetown.edu
Juliana Bustamante Reyes
Directora
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social -PAIIS
Facultad de Derecho
Universidad de los Andes
julibustamante@uniandes.edu.co