May 5, 2026
El Centro para la Salud y los Derechos Humanos del Instituto O’Neill (CHHR) respondió esta semana al llamado a insumos para el estudio del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre al avance de la justicia social a través de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en los tribunales nacionales.
El insumo del CHHR se enfoca específicamente en la justiciabilidad del derecho a la salud en los tribunales nacionales. Aborda y responde de manera sistemática a las principales objeciones que suelen cuestionar la intervención de los tribunales en casos sobre derecho a la salud, tales como la supuesta falta de capacidad técnica de los jueces, la presunta incompatibilidad entre el principio de separación de poderes y la intervención judicial en políticas públicas, y las preocupaciones sobre el impacto económico y efecto distorsivo de la justiciabilidad de la salud.
A través de un análisis de la experiencia comparada en países de América Latina donde el CHHR lleva adelante su trabajo, el insumo explora cómo las cortes de la región han desarrollado distintos mecanismos y herramientas para gestionar estos desafíos. Algunos ejemplos incluyen el uso de estándares internacionales de derechos humanos en la adjudicación, la apertura de procesos de diálogo con órganos técnicos, y la implementación de sistemas para la recolección de datos que permitan medir el impacto de las justiciabilidad.
En general, las tendencias y prácticas de los tribunales nacionales reseñadas en el insumo demuestran que la justiciabilidad de la salud es un fenómeno multidimensional y plenamente consolidado. El documento destaca, además, cómo la protección judicial de este derecho puede tener efectos que trascienden a los litigantes individuales y contribuyan a objetivos sociales más amplios, como la protección de la salud pública, el fortalecimiento de los sistemas de salud, y el avance de la equidad en salud. El insumo ilustra el potencial de la justiciabilidad a partir de casos en los que el CHHR ha tenido diversos roles, incluyendo la regulación del etiquetado frontal de alimentos, la despenalización del aborto y la creación de criterios de priorización no discriminatorios durante emergencias sanitarias.
Desde el CHHR, consideramos que la posibilidad de que todas las personas puedan reclamar la protección judicial del derecho a la salud es un requisito fundamental para la eficacia de este derecho. También entendemos que un diálogo constructivo sobre las experiencias de justiciabilidad es esencial para seguir perfeccionando mecanismos que permitan una protección judicial del derecho a la salud que sea efectiva para la garantía de los derechos vulnerados, equitativa y consistente con el rol institucional de los tribunales nacionales.