December 13, 2023
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El 7 de diciembre de 2023, miembros de la Iniciativa Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill presentaron un amicus curiae en la acción de inconstitucionalidad N. 67-23-IN, actualmente en revisión por la Corte Constitucional del Ecuador, a favor de la despenalización de la eutanasia. Esta intervención representa el primer posicionamiento institucional de la Iniciativa sobre este tema.
El amicus respalda la solicitud de Paola Roldán Espinosa, quien enfrenta una enfermedad degenerativa sin cura y busca el reconocimiento de su derecho a una muerte digna mediante la despenalización de la eutanasia, a través de una declaración de inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este caso se suma a otros en la región y en el mundo, donde individuos enfrentan obstáculos legales o administrativos para evaluar sus opciones para lograr una muerte digna.
La intervención aboga por el reconocimiento del derecho a la muerte digna como una cuestión de derechos humanos, y explica cómo la declaración de inconstitucionalidad condicionada propuesta en la acción N. 67-23-IN resulta compatible con las obligaciones internacionales de Ecuador en materia de derechos humanos. Además, subraya que los requisitos propuestos en la acción, como la enfermedad incurable y el sufrimiento físico o psicológico, están alineados con normativas internacionales. El amicus también destaca la importancia de que la despenalización venga acompañada por regulaciones legales e institucionales sólidas que verifiquen la protección de la voluntad y el consentimiento libre de las personas, sin que dichos mecanismos se conviertan en obstáculos o barreras de acceso.
Desde la Iniciativa Salud y Derechos Humanos, consideramos que el caso de Paola Roldán ofrece una oportunidad para que la Corte Constitucional del Ecuador reconozca la relación entre las decisiones sobre el fin de la vida y el derecho a la salud. Alineándose con el derecho internacional de los derechos humanos, la ética y estándares comparados, la Corte puede garantizar mecanismos que prevengan abusos y protejan los derechos de aquellos que deseen acceder a prestaciones de salud específicas para morir con dignidad.