July 17, 2023
Actualización (11 de agosto de 2023): La publicación ha sido actualizada para incluir un enlace a la grabación de la audiencia en YouTube.
Read the English version here.
Washington, D.C. — En una audiencia pública celebrada el 14 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de la Iniciativa Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill y Disability Rights International (DRI) presentaron los alegatos de fondo en representación de las víctimas del caso “Casa Esperanza”.
El caso “Casa Esperanza” se centra en la responsabilidad internacional del Estado mexicano por una serie de violaciones a los derechos humanos de por lo menos 37 personas con discapacidad, incluidas niños y niñas y adolescentes, que fueron institucionalizadas en “Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales”. Se trataba de una institución privada, aislada y segregada, que recibía financiamiento público para acoger a niños y adultos con discapacidad bajo custodia de los organismos de asistencia social de México.
Las violaciones y abusos documentados en Casa Esperanza incluyen la internación sin consentimiento pleno, libre e informado por parte de las autoridades estatales, violencia de género, esterilización y anticoncepción no consentidas, uso de sujeciones prolongadas, violencia física y maltrato infantil, además de la esclavitud sexual y explotación laboral de las personas recluidas. También se documentó la completa ausencia de servicios de asistencia social para los que la institución recibía financiamiento público, incluyendo alimentación adecuada, atención médica y psicológica de calidad, y programas de educación para las víctimas.
Durante la audiencia, DRI y la Iniciativa Salud y Derechos Humanos presentaron el testimonio de una de las víctimas del caso, quién entró a Casa Esperanza a sus diez años de edad y permaneció allí recluida por más de una década. Su declaración aportó una descripción detallada de los abusos en la institución, incluyendo la violencia sexual y anticoncepción no consentida a la que fue sometida.
Eric Rosenthal, director ejecutivo de DRI, relató a la CIDH los abusos que DRI pudo comprobar durante su visita a la institución en 2015. Asimismo, destacó que lo sucedido en Casa Esperanza no es un caso aislado, sino que forma parte de un patrón de abuso, negligencia y discriminación sistemática de las personas con discapacidad bajo custodia del Estado mexicano.
Silvia Serrano Guzmán, co-directora de la Iniciativa de Salud y Derechos Humanos, sostuvo que México es responsable internacionalmente por la tortura, esclavitud sexual, trata de personas, servidumbre, trabajos forzados, esterilización no consentida, explotación infantil, y deficiente atención de salud de las víctimas en Casa Esperanza. Resaltó que estas violaciones ocurrieron con la aquiescencia del Estado y como resultado de una completa falta de fiscalización de los servicios públicos que la institución debía prestar.
Priscila Rodríguez, asociada de incidencia de DRI, destacó que la institucionalización de las víctimas por parte del Estado constituyó un trato discriminatorio y una negación de su derechos a la vida independientemente y a recibir los servicios asistenciales y de salud en comunidad.
El caso “Casa Esperanza” se enmarca dentro del contexto más amplio de violación de derechos humanos en entornos institucionales, como casas hogares, y destaca la urgencia de desinstitucionalizar a las personas con discapacidad para garantizar sus derechos. Además, pone el foco en la responsabilidad de los Estados de fiscalizar a los actores privados en los que delega la prestación de servicios públicos, como la salud y la educación, y de asegurar a las personas con discapacidad el acceso a mecanismos para investigar, castigar y reparar las violaciones de las que sean víctimas.
Esperamos que la CIDH tome en consideración los argumentos presentados en la audiencia y emita un informe de fondo donde se declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, y donde se incluyan recomendaciones que aseguren la reparación integral de las víctimas del caso y que brinden suficientes garantías de no repetición.
+++++++
Contacto de prensa:
Para entrevistar a Silvia Serrano Guzmán, póngase en contacto con Cynthia Sun Cynthia.Sun@georgetown.edu.