January 29, 2025
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El 27 de enero de 2025, miembros del Centro para la Salud y los Derechos Humanos (CHHR) del Instituto O’Neill presentaron un escrito de amicus curiae en la “acción de inconstitucionalidad” No. 22-24/IN (actualmente en revisión por la Corte Constitucional del Ecuador) a favor de la despenalización del aborto. El caso fue presentado en marzo de 2024 por un colectivo diverso de organizaciones ecuatorianas que se unieron bajo el nombre de “Justa Libertad.” Esta demanda busca pedir la inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Penal, con el objetivo de eliminar el delito de aborto del código penal.
La intervención de CHHR busca brindar a la Corte un análisis basado tanto en los derechos humanos como en la salud pública, que sustenta los reclamos de los peticionarios. Para ello, el CHHR analiza las formas en que el uso del derecho penal para abordar el aborto es problemático a la luz del derecho internacional de los derechos humanos aplicable a Ecuador, y las graves implicaciones que la criminalización del aborto genera para los derechos y la salud de las mujeres y las niñas.
El amicus también destaca la importancia de realizar un análisis de proporcionalidad exhaustivo, para ponderar los fines que persigue la criminalización del aborto con los severos impactos que dicha criminalización tiene en los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, la autonomía, la dignidad y la igualdad y la no discriminación.
El CHHR también destaca que es esencial incluir evidencia de salud pública en este análisis. Esta evidencia incluye datos empíricos sobre los graves impactos de la criminalización en la mortalidad y morbilidad materna y sobre la ineficacia de la criminalización para prevenir el aborto en la práctica. La evidencia de salud pública también demuestra la eficacia de medidas menos lesivas, incluidas políticas integrales y sostenibles para prevenir embarazos no deseados y reducir el aborto.
El CHHR también presentó a la Corte ejemplos de derecho comparado, en los que altas cortes en la región han despenalizado el aborto de manera amplia, luego de encontrar inconstitucionales normas que lo penalizan o lo permiten solo en contextos extremos. En particular, utilizamos los ejemplos tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México como de la Corte Constitucional de Colombia que han declarado la inconstitucionalidad de sistemas penales que limitaban el aborto utilizando argumentos de derechos humanos y salud pública.Finalmente, el CHHR ofrece algunas conclusiones y recomendaciones para la consideración de la Corte.
El Centro para la Salud y los Derechos Humanos cree que este caso ofrece una oportunidad extraordinaria para que la Corte Constitucional del Ecuador examine los impactos nocivos de la criminalización del aborto sobre la salud y los derechos humanos de las mujeres, las niñas y personas con capacidad de gestar en Ecuador, y espera que la honorable Corte considere su contribución a su análisis.